El hallazgo de un pendrive ha desatado controversias y ha abierto nuevas líneas de investigación en varios casos judiciales en España. Desde implicaciones políticas hasta posibles irregularidades policiales, estos dispositivos de almacenamiento se han convertido en piezas clave en la búsqueda de la verdad.
Imagen representativa de un pendrive.
El Pendrive de Leire Díez y la Fiscalía
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación tras recibir un pendrive de Leire Díez, conocida como 'la fontanera' del PSOE. La institución recibió el dispositivo de manos de la Fiscalía General del Estado y ha ordenado que se analice el material para ver si del mismo se desprende algún indicio de delito.
Leire Díez solicitó su baja del partido tras la entrega, y ha sido la protagonista de audios difundidos por diversos medios en los que se le ha podido escuchar solicitando información comprometedora sobre la UCO y proponiendo diferentes acuerdos para conseguirla. Precisamente, frente a estas grabaciones, Díez ha defendido de manera constante que su implicación en dichas reuniones respondía a un trabajo periodístico.
Gran parte del material del pendrive lo aportó Javier Pérez Dolset al caso Villarejo en 2022. El empresario, que está personado como víctima en estas diligencias, entregó el 31 de mayo de aquel año una memoria con 39 archivos distribuidos en siete carpetas. Entre ellas destaca la bautizada como "Audiencia Nacional".
El pendrive incluía también una carpeta con el nombre de "Olivera", como el exjefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera. También había otra con el nombre de "JL Pérez", que según las primeras estimaciones puede referirse a José Luis Pérez, uno de los informantes de Villarejo en la investigación contra Sandro Rosell.
"Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. De nadie ni de representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE”, afirmó en junio Díez.
El PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para citar a la exmilitante socialista el próximo 8 de septiembre en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo.
El Caso Pujol y los Pendrives Sorpresa
El sumario del caso Pujol se encuentra en grave riesgo de ser anulado parcialmente. En plena investigación del juez José de la Mata contra la Policía por haber introducido pruebas de origen desconocido, la Udef ha aportado por sorpresa un nuevo pendrive -ya es el segundo- con información del clan catalán que dice haber encontrado «ordenando cajones y armarios de un despacho» de sus dependencias.
El magistrado sospecha que estas pruebas han sido proporcionadas por detectives que trabajan a sueldo para la Policía. Uno de ellos revela a EL MUNDO que «hay un plan para anular la causa» aprovechando la guerra policial.
El hallazgo ha sido presentado al magistrado José de la Mata como algo casual y fortuito y el instructor del caso Pujol lo ha puesto bajo custodia para abrirlo, en presencia de la Unida de Investigación Tecnológica y de las partes personadas, el próximo día 14.
Este primer dispositivo de almacenamiento contiene correos electrónicos que datan de hace 15 años y que se encontraban en los ordenadores de Jordi Pujol Ferrusola y su socio Jordi Puig, hermano del ex conseller de Convergència i Unió (CiU) Felip Puig, en su despacho barcelonés de la calle Ganduxer.
El pendrive originario sirvió a la Udef para acusar a ex altos cargos del PP como Juan Costa o José Manuel Fernández Norniella de estar implicados en la trama para conseguir financiación pública para los negocios del clan catalán fuera de España. Pero también para involucrar al empresario Zourab Tchkotoua, íntimo amigo del Rey Juan Carlos, en la obtención de un contrato ferroviario en Marruecos para la familia Pujol, o para sostener que Jordi Pujol Jr. también tuvo negocios con Alberto Portuondo, testaferro del ex ministro popular Rodrigo Rato.
La nueva entrega al juez ha sido materializada por el responsable de la Udef y, según aseguran fuentes policiales, se encuentra relacionada con la información referida anteriormente. Es decir, el contenido del primer pendrive estaría relacionado con el del segundo.
Este episodio resulta particularmente llamativo toda vez que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional emplazó el pasado miércoles al ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y al también comisario Marcelino Martín Blas para que acrediten la procedencia de las pruebas que contiene el primero de los dispositivos. Ambos deberán comparecer en la Audiencia Nacional los días 16 y 17 de este mes.
La aparición repentina de este lápiz de memoria agrava todavía más la preocupación del juez De la Mata y de la Fiscalía Anticorrupción ante una posible nulidad parcial del procedimiento, que podría haber sido contaminado por pruebas policiales obtenidas irregularmente.
El juez De la Mata ha dictado una providencia en la que señala que obra ya en su poder el nuevo «pendrive marca Toshiba de 8Gb de capacidad». Que, «al parecer», añade el juez, «contiene datos que han sido utilizados por la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional en una investigación relativa a las presentes diligencias previas».
Uno de los dos detectives contratados por la Policía para realizar investigaciones sobre la corrupción en Cataluña, y al que los mandos policiales interrogados por José de la Mata atribuyen la obtención de al menos uno de los pendrives, asegura a EL MUNDO que hay una estrategia en marcha para «cargarse el caso Pujol». Se trata de Antonio Tamarit, que señala que el clan catalán «está aprovechando la guerra policial para tratar de contaminar el procedimiento».
Este investigador admite haber realizado trabajos para la Policía sobre la corrupción en Cataluña, pero niega vinculación alguna con el controvertido pendrive. «Sí que hemos hecho otros trabajos para Interior, pero sorprendentemente no han salido a la luz y deben haberse quedado en el cajón de alguien».
Asegura que esta unidad le encargó «trabajos vinculados con el caso Gürtel» que no han sido todavía judicializados. Concretamente, una investigación para determinar «por qué determinados atestados policiales que estaban secretos aparecían en manos de terceras personas».
La llamada Operación Cataluña tendrá su capítulo especial en el juicio contra el clan Pujol. La Audiencia Nacional ha aceptado este miércoles que declaren en la vista oral cinco mandos policiales señalados por las supuestas maniobras contra dirigentes independentistas -propuestos por el abogado de la familia del expresident Jordi Pujol-, aunque el tribunal ha dejado claro que sus interrogatorios no podrán extenderse más allá del objeto del procedimiento (es decir, la fortuna oculta en Andorra y la presunta trama para blanquear los fondos).
Entre los nuevos testigos admitidos se encuentran el comisario José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, quien fuera el máximo responsable operativo de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). El Tribunal Supremo confirmó este mismo 2025 una pena de un año de prisión para Pino por sustraer de “forma ilícita” datos de Jordi Pujol Ferrusola, que se guardaron en un pendrive y que trató de introducirlos en este sumario que ahora se juzga en la Audiencia Nacional.
Los magistrados han manifestado que “no tienen inconveniente” en escuchar a estos cinco, pero han insistido en que su testimonio no podrá extenderse mucho (lo han limitado a una única sesión) y no deberá sobrepasar los límites del sumario. El tribunal no quiere que “se cree un proceso” sobre la Operación Cataluña “dentro del procedimiento” contra la familia Pujol.
"Lamentablemente nunca se encontró el momento adecuado para regularizar esta herencia", confesaba Jordi Pujol en un comunicado publicado el 25 de julio de 2014. Una "deixa" de su padre, Florenci, que había mantenido oculta por más de 30 años. 140 millones de pesetas en dólares de los de 1980. Una fortuna que Pujol decidió que gestionara una persona de máxima confianza: "No quise saber nunca el más mínimo detalle". Hasta que en 1990 se hizo cargo el hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
Pero en realidad, la confesión no era el origen del caso Pujol. La Audiencia Nacional ya estaba tras el origen de la fortuna del primogénito de la familia desde 2012, cuando una examante, Victoria Álvarez, le denunció. Afirmó ante la UDEF que "junior" llevaba a Andorra grandes cantidades de dinero en efectivo y detalló viajes, cuentas o movimientos bancarios.
En 2021, casi 9 años después del inicio de las pesquisas, el juez Santiago Pedraz abrió el juicio oral para enviarlos a todos al banquillo. Menos a Marta Ferrusola, que quedó exonerada por su estado de salud. Falleció en julio del año pasado.
La versión de la herencia fue completamente descartada por los distintos instructores. "No se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable", consta en el sumario. La fortuna de los Pujol, según fiscalía, la consiguió el expresidente catalán aprovechando su posición política, tejiendo "una red de clientelismo, hasta el punto de constituir un entramado" que implicaba a empresarios afines a CDC.
La investigación atribuye la ocultación y afloramiento de los fondos al matrimonio Pujol. La gestión de los beneficios a Jordi y Josep Pujol Ferrusola y a Mercè Gironès. Y la colaboración para ocultarlos, al resto de la familia. Esto es, concluye fiscalía, actuaban como una "organización criminal". Los empresarios procesados, por su parte, habrían colaborado en el blanqueo del dinero y en la falsificación de documentos.
En la documentación de la causa constan informes policiales y de hacienda, comisiones rogatorias y otros documentos que, según la fiscalía, dejaron al descubierto cuentas con saldos relevantes en Suiza, transferencias a entidades financieras en Luxemburgo, sociedades instrumentales domiciliadas en Panamá y otras jurisdicciones opacas, operaciones en efectivo o mediante empresas interpuestas por parte de empresarios a cambio de concesiones, uso de testaferros, facturas o contratos simulados… Todo un catálogo de operaciones destinadas, según la acusación, a blanquear el dinero obtenido, supuestamente, de forma ilícita.
De la Mata resumía gráficamente el modus operandi de la "organización criminal" de la familia en la página 13 de su extenso auto de procesamiento (509 páginas). "El liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Llados quien, de hecho, se autodenominaba la "madre superiora de la congregación". (…) Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba Jordi Pujol Ferrusola ("el capellán de la parroquia"). (…) "El resto de los hermanos, sin perjuicio de su participación individual en determinados "negocios" u operaciones, seguían las instrucciones de Jordi Pujoli Ferrusola abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran "distribuidos" por este y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito."
La defensa del expresidente catalán ventila sus argumentos en tres páginas en las que afirma que "nunca en el ejercicio de su alta función pública D. Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio (…) No existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas".
Más extensos son los escritos de defensa del primogénito y sus seis hermanos. Y tienen un nexo común: achacan todo a la guerra sucia de la policía patriótica.
Por el camino quedó archivada, por no resultar "debidamente justificada la perpetración de delito alguno" la causa aparte abierta a Oleguer, el benjamín de los Pujol, en 2014. El juez Santiago Pedraz analizaba operaciones inmobiliarias gestionadas por su empresa Drago capital por valor de tres mil millones de euros. Fue detenido en 2014 por blanqueo y fraude fiscal. Y exonerado nueve años después.
Por el camino también, más recientemente, el Tribunal Supremo confirmó la condena al exDAO de la policía nacional Eugenio Pino en el conocido como caso 'pendrive'. Consideró probado que reveló datos reservados de Jordi Pujol Ferrusola que habían sido robados de un lápiz de memoria en una operación que no tenía autorización judicial. El policía, condenado a un año, los incorporó al famoso pendrive y se lo entregó a la UDEF, unidad encargada de la investigación a la familia.
Y en Andorra, la jueza Stéphanie Garcia ha reactivado este verano la investigación de la llamada trama andorrana de la supuesta policía patriótica. Entre los querellados están Mariano Rajoy y algunos de sus ministros, como Cristóbal Montoro o Jorge Fernández Díaz. Supuestamente coaccionaron o chantajearon a Banca Privada de Andorra (BPA) para conseguir información bancaria de políticos catalanes. Entre ellos, la familia Pujol.
El Pendrive de Koldo García y la Audiencia Nacional
Los principales investigados en la trama Koldo dan la batalla por anular los registros de la Guardia Civil. Esta diligencia es determinante puesto que con el estallido de la causa los agentes se incautaron de más de 170 dispositivos entre discos duros, ordenadores, memorias y teléfonos, que, quince meses después, siguen desentrañando a contrarreloj. A ese material se sumó una caja nueva que apareció en la Audiencia Nacional y que contiene, entre otros efectos, un pendrive de Koldo García que ahora trata de apartar.
El que fuera asesor de José Luis Ábalos pretende que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la expulsión de este dispositivo de almacenamiento, pero el magistrado Ismael Moreno no quiere decir nada hasta que la Unidad Central Operativa (UCO) valore su contenido, especialmente porque puede ser relevante para la causa. Por ello, ha recurrido su auto y ha dejado el asunto en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá la última palabra sobre el asunto.
En su recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa de Koldo García incide en que el magistrado no tiene por qué esperar a que la UCO aporte su criterio. "No está justificado", sostiene. Koldo alega que esperar a la Guardia Civil vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. Además, desliza ya una posible ruptura de la cadena de custodia de lo incautado en febrero de 2024, abriendo de esta forma la puerta a una nulidad de la diligencia estrella del caso.
El que fuera mano derecha de José Luis Ábalos sostiene que el hallazgo de este USB es "insólito" por cuanto que se trata de material que los agentes requisaron durante el registro de su domicilio en Polop de la Marina (Alicante).
Sin embargo, el juzgado informó en febrero, justo un año después del estallido de la causa, que había "aparecido" una caja. En su interior había un sobre blanco con un pendrive de Koldo García; otro sobre localizado en el domicilio de su hermano Joseba que contenía una corbata con el logo del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), y, finalmente, una bolsa con 14 sellos requisada en el despacho de Javier Serrano y César Moreno.
Koldo García fue de los primeros imputados en reaccionar y lo hizo para pedir que se apartara todo esto del sumario y que no se considere prueba válida. El también exchófer del PSOE ya había denunciado los pormenores del registro practicado en su domicilio alicantino.
A esta crítica se suma ahora el reproche por no excluir este pendrive que ahora aflora entre todos los dispositivos incautados. "La caja que ha 'aparecido' no estaba precintada, o al menos no consta así en la diligencia de ordenación del 6 de febrero. El sobre blanco supuestamente proveniente del registro en el domicilio de mi representado que contenía un pendrive tampoco estaba sellado ni precintado cuando es obligatorio su precintado y sellado", expone.
Al hilo, denuncia que se han encontrado con un argumento "vacío y genérico" del magistrado por no dar respuesta (ni a favor ni en contra) de la solicitud formulada. Además, dice que si el contenido de este pendrive es relevante o no para la causa "es indiferente a los efectos de la la expulsión solicitada" y, por ello, reclama una respuesta urgente del instructor.
Los agentes encontraron en su casa alicantina más de una veintena de teléfonos, 24.000 euros en metálico, una grabadora, diversos portátiles y discos duros. De entre estos últimos destacan especialmente dos que pertenecen a José Luis Ábalos.
El exministro se ha sumado desde el primer momento a la batalla por intentar recuperar ambos dispositivos alegando que contienen material "de carácter absolutamente privado y personalísimo". De hecho, en junio ya se dirigió a la Audiencia Nacional para tratar de recuperarlos, exponiendo que en su interior hay álbumes fotográficos familiares desde 2004, documentos personales y laborales o fotografías de sus hijos.
Pese a su insistencia, tanto el magistrado de la Audiencia Nacional como Anticorrupción cierran la puerta a entregarlos avisando, además, que estarán protegidos con especial celo hasta que la Guardia Civil termine los informes encargados que tienen en vilo al Gobierno de Pedro Sánchez.
Tabla Resumen de Casos y Pendrives
| Caso | Personaje Clave | Contenido del Pendrive | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| Caso Leire Díez | Leire Díez | Información comprometedora sobre la UCO | En investigación por la Fiscalía |
| Caso Pujol | Jordi Pujol | Correos electrónicos de hace 15 años | En riesgo de anulación parcial |
| Caso Koldo | Koldo García | Desconocido, en posesión de la UCO | Disputado por la defensa de Koldo |
La peor semana para la familia Pujol desde que estalló el escándalo
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