El presente artículo aborda en detalle los requisitos y consideraciones legales para la obtención de una licencia de motocicleta en Providencia, así como las implicaciones de conducir sin la licencia adecuada. Se analizará la doble sanción penal y administrativa por conducir vehículos de motor o ciclomotores sin haber obtenido nunca el permiso o sin estar en posesión de la licencia correspondiente.
Marco Legal y Constitucional
El Tribunal Constitucional ha considerado que se ajusta al ordenamiento jurídico constitucional la doble sanción penal y administrativa por conducir vehículos de motor o ciclomotores sin haber obtenido nunca permiso o sin estar en posesión de la licencia correspondiente.
La cuestión de inconstitucionalidad se plantea contra el inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código Penal, que castiga con la pena de prisión o multa o trabajos en beneficio de la comunidad, a quien condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. Además, el artículo 77 k) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que considera infracción administrativa muy grave la conducta consistente en “conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción correspondiente”.
Para el Juez promotor, el precepto penal cuestionado es indeterminado porque no permite establecer la línea que separa el delito de la infracción administrativa. Según expone, el supuesto déficit de taxatividad no deriva en sí mismo de la propia dicción del precepto cuestionado, sino de su necesaria puesta en relación con la coexistente previsión normativa, como infracción administrativa muy grave, de la conducta consistente en “conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción correspondiente” (art. 77 k] del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que ha sustituido, con la misma dicción al art.
Análisis de la Conducta Sancionada
Para el promotor de la cuestión, la interpretación sistemática y lógica del art. 77, letra k) RDL 6/2015 y del inciso segundo del párrafo segundo del art. 384 CP, permiten concluir que tienen como presupuesto fáctico de aplicación la misma conducta. A partir de esta conclusión, entiende que, para que el sistema sancionador penal y administrativo tenga coherencia, ha de interpretarse que para poder considerar constitutiva de delito a la conducta descrita en la norma penal cuestionada, es preciso que “en la acción sea de apreciar un elemento más de peligrosidad, de afectación del bien jurídico protegido, de culpabilidad, de desvalor de acción o de desvalor del resultado, que la requerida para imponer la sanción administrativa”, de forma que “solo podrá hablarse del delito del art.
El Fiscal General del Estado concluye que la cuestión planteada es notoriamente infundada por venir apoyada en un postulado interpretativo que no cabe compartir, pues no son las mismas la conducta sancionada en la norma penal y la prevista como ilícita en la norma sancionadora administrativa que el promotor de la cuestión ofrece como contraste. A partir de dicha consideración, desarrollada expresamente por el Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo en la STS 369/2017, de 22 de mayo (de la que son aplicación -entre otras- las SSTS 3/2018, de 10 de enero y 55/2018, de 31 de enero), concluye que la norma penal cuestionada y la administrativa que se ofrece como contraste “contienen una ordenación regulativa referida a objetos diferentes y perfectamente distinguibles por lo que, desde el enfoque que exclusivamente corresponde en un enjuiciamiento constitucional como el presente -que no puede ser el pretendido de establecer la interpretación debida del tipo penal-, puede apreciarse con nitidez que no existe la identidad o confluencia contraria al mandato de taxatividad en su expresión de predeterminación normativa que integra la garantía material del principio de legalidad penal sancionatoria recogido en el art. 25.1 CE”.
El órgano judicial fundamenta la inconstitucionalidad de la norma cuestionada a partir de una premisa básica a la que asocia una consecuencia: a su juicio, el art. 77 k) RDL 6/2015, de 30 de octubre (que ha sustituido con la misma dicción al art. 65.5 k] del RDL 339/1990), y el inciso segundo del párrafo segundo del art. 384 CP tienen como presupuesto de aplicación la misma conducta, lo que impide a los ciudadanos conocer, a partir de la dicción literal del precepto penal, si la misma constituye un ilícito penal o administrativo, introduciendo un factor de inseguridad jurídica no compatible con las exigencias de taxatividad que derivan del principio de legalidad sancionadora reconocido en el art.
Requisitos para la Obtención de la Licencia
Para obtener la licencia de motocicleta en Providencia, es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por la autoridad municipal. Estos requisitos pueden incluir:
- Aprobar un examen teórico sobre normas de tránsito y seguridad vial.
- Aprobar un examen práctico de conducción.
- Presentar la documentación requerida, como identificación oficial, comprobante de domicilio, y certificado médico.
- Pagar las tasas correspondientes.
Es fundamental consultar la normativa vigente y los requisitos específicos en la municipalidad de Providencia para asegurarse de cumplir con todos los trámites necesarios.
Hemos afirmado reiteradamente que el principio de legalidad penal es esencialmente una concreción de diversos aspectos del Estado de Derecho en el ámbito del Derecho penal, y que comprende una serie de garantías individuales, entre las que destaca la exigencia de taxatividad o "lex certa", que impone que las leyes penales deben describir las conductas prohibidas de forma suficientemente determinada.
El fenómeno del tráfico de vehículos a motor se ha generalizado y extendido de tal manera que puede afirmarse que forma parte de la vida cotidiana y que se ha transformado en una de las expresiones más genuinas del ejercicio de la libertad de circulación.
Evaluación - Nuevo Examen Práctico Licencia Clase C
Consecuencias de Conducir sin Licencia
Conducir un vehículo de motor o ciclomotor sin permiso de conducir, aunque no lo tuviera homologado en España en el momento de la condena, sería, en todo caso, una falta administrativa grave, pero no un delito contra la seguridad vial del art.
La Sala estima el recurso, pues la presentación de documentación que no se conoció en juicio por haber extraviado el penado el permiso de conducir expedido por el Reino de Bélgica y que acreditaba que estaba en posesión en la fecha de los hechos de un permiso de conducir, supone la aportación de dato nuevo acreditativo de su inocencia y que ha de llevar a la revisión de la sentencia y su anulación.
En definitiva, la causa del art. b) Ha de tratarse de una prueba de la que pueda afirmarse en un juicio hipotético que su consideración hubiese vaciado el sentido de la sentencia, habiendo podido determinar la absolución o una condena inferior. Bastan pruebas que presumible o probablemente hubiesen determinado un pronunciamiento absolutorio (no solo por acreditar la inocencia, sino también por generar dudas sobre la culpabilidad). Esta nueva fórmula resulta más respetuosa con la fuerza irradiante de la presunción de inocencia.
Es importante destacar, sin embargo, que la fórmula histórica ("cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos nuevos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado") estaba expresada en términos de importancia decisiva para la interpretación de su alcance. Ahora, en la nueva redacción ("cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de elementos de prueba que de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave") lo decisivo es que no hayan sido aportados. Ni siquiera se menciona el carácter novedoso de esos hechos. Además, tampoco es imprescindible que sean determinantes de la inocencia.
Hasta ahora, la jurisprudencia del TS venía exigiendo la concurrencia de dos requisitos para la estimación de un recurso de revisión por vía del hecho nuevo de conocimiento sobrevenido al que se refería el art.
Como ha afirmado la jurisprudencia, "no pueden olvidarse las razones de prevalencia de justicia material que inspiran este medio de impugnación de una sentencia firme que constituye el recurso de revisión.
Por eso ha de expulsarse del radio de acción del precepto a quien posee permiso extranjero; tanto aquellos correspondientes a otros países de la Unión Europea, pero que no alcanzan validez en España ( art. 24 del Reglamento General de Conductores), como permisos de países no comunitarios (art.
En la STS 1032/2013 de 30 de diciembre, se afirma que "...conducir un vehículo a motor con una licencia de conducción no homologada en España o caducada constituye una infracción administrativa grave, pero no un delito contra la seguridad vial del art. 384.2 del CP. Por tanto la presentación de documentación que no se conoció en el juicio y que acredita la previa obtención de una licencia para conducir vehículos de motor en un país extranjero, supone la aportación de datos nuevos que podrían acreditar la inocencia del condenado y permiten abrir el cauce del art. 954.4 de la LECrim (vid.
Es suficiente para la revisión que pueda razonarse fundadamente que de haber estado presentes no se hubiese condenado. En síntesis, el art.
En efecto, en primer lugar, tal como señala el Ministerio Fiscal, no es obstáculo para la revisión que se haya dictado sentencia por conformidad, pues como se ha reiterado por esta Sala Segunda la revisión no es propiamente un recurso, sino un procedimiento autónomo dirigido a rescindir una sentencia condenatoria firme, razón por la que no es aplicable el art. 787.7 de la LECR (entre otras, SSTS 281/2015, de 14 de mayo, y 335/2016, de 21 de abril).
Victoriano fue condenado por sentencia firme de conformidad del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Málaga de fecha 27 de mayo de 2021, dictada en el Procedimiento de Diligencias Urgentes de Juicio Rápido n.º 82/2021 ( sentencia 44/2021), a dos penas de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas y al pago de las costas procesales, tras haber sido considerado autor de dos delitos de conducción de vehículo de motor careciendo de permiso que le habilitase para ello por no haberlo obtenido nunca, previstos y penados en el art.
"Sobre las 15:45 horas del día 26/05/2021, el acusado conducía el vehículo marca CITROEN C 4 con matrícula....
Expuesto lo anterior, fundamentada la solicitud en el n.º 1 d) del art. 954 LECrim, este precepto acogía, como hemos dicho en STS 516/2022, de 26-5, antes de la reforma operada por Ley 41/2015, una fórmula más o menos elástica que hacía posible la rescisión de aquellas sentencias firmes que, por alguna causa que no era objeto de regulación casuistica, se apartaban del valor justicia proclamado en el art.
Esta nueva fórmula resulta más respetuosa con la fuerza irradiante de la presunción de inocencia. Esta queda desmontada con pruebas de cargo suficientes que determinan una sentencia condenatoria. Vuelve a emerger cuando se abre por hechos nuevos una brecha de fuste en el cuadro probatorio que fundó la condena, en la convicción de culpabilidad forjada con unos elementos cuya debilidad aparece luego. Como hemos dicho en STS 681/2021, de 13-9 (Recurso Revisión 20541/2020) no se invierte la situación hasta el punto de exigir pruebas nuevas demostrativas de la inocencia, sino pruebas que cuarteen el armazón probatorio de cargo.
La jurisprudencia consolidada de esta Sala Segunda (entre otras, SSTS 472/2015, de 9 de julio; 335/2016, de 21 de abril; 583/2020, de 5 de noviembre; y 593/2020, de 11 de noviembre), ha mantenido que la tipicidad del último inciso del art. 384.2 -conducir sin haber obtenido nunca el permiso o licencia- exige que el autor jamás haya obtenido permiso de conducir.
Un argumento gramatical: el art. 384 CP habla de la obtención, no de la validez en nuestro derecho, del permiso con el que se conduce. No se distingue si el permiso o licencia se ha obtenido dentro o fuera del territorio nacional.
El examen de la tramitación parlamentaria refuerza esta interpretación.
Una interpretación teleológica abunda en esa exégesis. El tipo obedece a la idea de preservar el bien jurídico protegido, la seguridad vial, frente a todos aquellos que se aventuran a pilotar un vehículo de motor sin haber obtenido un permiso, precisamente por el plus de peligrosidad que entraña para el resto de los usuarios de las vías públicas la conducción de vehículos por quienes no hayan acreditado una mínima aptitud para su manejo. Se protege, así pues, no tanto el control por parte de la Administración Española de las habilitaciones para conducir, como el bien jurídico "seguridad vial" que sólo se puede presumir puesto en peligro cuando quien maneja el vehículo de motor no ha demostrado nunca las capacidades mínimas para realizar tal actividad. Que haya quedado habilitado en otro país cuando tal habilitación es susceptible de ser reconocida por el Estado Español hace decaer la presunción legal de peligro.
En conclusión, obtener la licencia de motocicleta en Providencia requiere cumplir con los requisitos legales establecidos. Conducir sin la licencia adecuada puede acarrear sanciones penales y administrativas, lo que subraya la importancia de informarse y cumplir con la normativa vigente.
tags: #licencia #de #motocicleta #providencia